En estos días, los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y los operadores de redes han recibido una comunicación de la CMT por la cual se les requiere información acerca de los ingresos brutos obtenidos en los años 2003, 2004 y 2005. El motivo es, que mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, el Consejo de la CMT, reconoció la existencia de una carga injustificada para Telefónica durante dichos ejercicios por su obligación de prestar el servicio universal, procediéndose a la apertura de un procedimiento administrativo para determinar los operadores que estarían obligados a compartir el coste y los exentos, los criterios de reparto del coste neto y la cuantía de la contribución de cada operador. Se respetará, en virtud del artículo 48 del Reglamento del Servicio Universal, los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad.
Las aportaciones de los contribuyentes se depositarán en el Fondo Nacional del Servicio Universal que será creado a este efecto. Este fondo lo gestionará la CMT, que utilizará sus recursos para financiar a Telefónica y a las demás empresas que presten los servicios universales obligatorios. Es en el marco de este procedimiento administrativo en el que se solicita a los operadores la información necesaria para determinar si estaría obligado a contribuir al mencionado Fondo Nacional y la cuantía de contribución en función de los ingresos brutos y volumen total de negocio en los años 2003 a 2005.
La CMT ha cifrado el coste neto del Servicio Universal en 120,38 millones para 2003; 83,85 millones para 2004; y 80,12 millones para 2005. El cálculo de estas cifras incluye, en concepto de beneficios intangibles que obtiene Telefónica por prestar este servicio, un descuento de 56,71 millones para 2003; 38,34 millones para 2004; y 31,49 millones para 2005.
El Servicio Universal Obligatorio es un conjunto definido de servicios garantizados a toda la población, con una calidad mínima y a unos precios asequibles. Cada país define los servicios que garantiza y las condiciones en las que se prestan. Por otro lado, las autoridades sectoriales también deben establecer qué operadores se encargan obligatoriamente de proveer estos servicios. Existen varios motivos para garantizar la prestación del servicio universal, como son, entre otros, la redistribución de rentas, la corrección de fallos de mercado y el desarrollo de las zonas rurales antes desconectadas.