El pasado 8 de marzo se ha extendido a la mayoría del territorio del Reino Unido el “Domestic Violence Disclosure Scheme (DVDS)“, conocido como la Ley de Clare (Clare’s Law) debido a que se comenzó a impulsar tras el violento asesinato de Clare Woods a manos de su ex-pareja, un varón con antecedentes de violencia doméstica. Este programa ya se venía aplicando, como piloto, en algunas ciudades británicas. El programa de protección permite a la policía revelar información acerca de los antecedentes en materia de violencia de género relativos a sus parejas a aquellas personas que lo soliciten. Si la policía comprueba que la persona sobre la cual se realiza la consulta tiene un historial de comportamientos abusivos o alguna otra información que pueda suponer un riesgo para su pareja, puede considerar compartir esa información con el solicitante.

Vídeo de mi participación en la mesa debate sobre el tema en el programa “La Mañana” de TVE

¿Quién puede solicitar esta información?

  • Cualquier ciudadano que esté preocupado por poder ser víctima de violencia doméstica.
  • Cualquier persona que pueda estar preocupado porque algún familiar o conocido pueda estar en peligro. [Estas terceras personas no necesariamente pueden recibir esta información a menos que se encuentren en situación de proteger a la posible víctima del abuso].

Las solicitudes se realizan bien en comisaría, bien a través del número de emergencias de la policía o bien directamente a un policía en la calle. Tras la solicitud, se activará el protocolo para proteger a la posible víctima y, en caso de que se estime conveniente, informar acerca de los antecedentes de su pareja.

¿Cuál es el protocolo a seguir por la policía? La policía tendrá la responsabilidad de estudiar caso por caso basándose en los siguientes hechos:

  • Deberá identificar al solicitante,
  • Asegurarse de la naturaleza de la relación entre el solicitante y la persona sobre la que se requiere dicha información o su relación con la posible víctima,
  • Considerar si la preocupación que motiva la solicitud está justificada,
  • Considerar si se trata de una situación de emergencia para protección de un posible abuso.

Si cuando se solicita tal información, se declara haber sido víctima de algún abuso o tipo de violencia o estar en riesgo inminente de serlo, la policía activará un protocolo de protección. En caso contrario, se llevará a cabo una investigación para determinar si la información solicitada puede ser revelada. Dependiendo de esa investigación inicial de la policía, el solicitante puede ser citado a una reunión con la policía con la finalidad de comprobar la identidad del solicitante y solicitar aquella información acerca de la relación que pueda determinar si existe un riesgo de violencia doméstica. Tras esta reunión, si la policía estima que existen indicios para seguir adelante con la investigación, se pondrá en contacto con aquellas instituciones que puedan facilitar información acerca de los antecedentes (Servicio de prisiones, Servicios Sociales, Servicio de libertad provisional) y deberá completar este proceso, incluyendo la revelación de información en un plazo máximo de 35 días. Durante este proceso, si se detecta algún riesgo para la posible víctima, actuaría inmediatamente. Una vez recopilada la información, la policía junto con otras instituciones de protección alas víctimas de violencia doméstica decidirán qué tipo de información es lícito, necesario y proporcional desvelar de cara a proteger a la posible víctima de su pareja. En caso de que se decida revelar información, deberán también quién será el destinatario de dicha información y establecerán un plan a medida de las necesidades del caso concreto para ayudar a la persona en riesgo y protegerla.

¿Qué tipo de información se puede revelar? Como he dicho antes, dependerá de cada caso concreto, de si dicha información puede ayudar a prevenir un delito y siempre deberá atenderse a los principios de proporcionalidad, necesidad y licitud. De hecho, es posible que alguien no tenga antecedentes penales por estos motivos pero si la policía considera que existe un riesgo evidente para su pareja, puede igualmente iniciar el plan de protección. Una última característica es que las personas a las que se revele la información, deberán guardar secreto, no divulgar y no utilizar dicha información salvo para protegerse o proteger a posibles víctimas  

¿Es este programa legal o atenta con el derecho a la protección de datos? Cuando dos derechos como los que están en juego en este caso entran en colisión, es fundamental que todas las medidas que se adopten no pongan en desventaja a uno de ellos y, por tanto, habrá que atender siempre a la proporcionalidad de la medida para que el daño que se pueda causar, en este caso a la persona sobre la que se realice la consulta, no sea mayor que el bien jurídico que se intenta proteger. En este caso se antoja fundamental determinar si la solicitud se encuentra fundamentada, y si existe la necesidad de activar este programa de prevención que incluya la revelación de esta información. El problema, en mi opinión, puede radicar en la presión que puede sufrir la policía a la hora de permitir o no el acceso esta información en aquellos casos en los que haya indicios pero no sean suficientes de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y licitud. Se pueden dar situaciones en las que la policía estime que el solicitante no tiene derecho a solicitar la información y posteriormente sea víctima de un maltrato, lo que cuestionaría la eficacia del sistema y podría llevar a la policía a rebajar el listón de la “necesidad” permitiendo un acceso no proporcional a esta información sensible.